Turquía: el Parlamento aprueba una ley que facilitaría el cierre de organizaciones civiles

El Parlamento de Turquía aprobó una ley que aumentaría el control gubernamental sobre los grupos de la sociedad civil. Las organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la medida violaría la libertad de asociación.

Aunque la denominada “Ley para prevenir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva" fue impulsada y aprobada para que el Gobierno turco congele los fondos de organizaciones vetadas en las resoluciones de Naciones Unidas y prohíba el transporte de material destinado a armas nucleares, también incluye apartados con los que amplía los poderes del Ministerio del Interior sobre las ONG.

Los artículos recientemente introducidos en la norma sobre asociaciones y fundaciones permiten la inspección anual de organizaciones no gubernamentales para supuestamente combatir el financiamiento del terrorismo.

La normativa especifica que las autoridades podrán congelar los fondos de cualquier individuo u organización que para el Gobierno turco sean sospechosos de colaborar con grupos que considere terroristas. La decisión tendría que ser después ratificada por un juzgado, según reporta la prensa local.

La ley también permite que el Ministerio del Interior reemplace a los miembros de asociaciones si están siendo investigados por cargos de terrorismo y le otorga el poder de suspender actividades con una orden judicial.

“A pesar del transparente pretexto de utilizar el "terrorismo" para restringir los grupos cívicos independientes, el Parlamento turco adopta esta última medida para suprimir las libertades básicas”, aseguró Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW).

Asimismo, el texto avala que los tribunales bloqueen el acceso a campañas de donación en línea si no cuentan con la autorización de las autoridades turcas. Por tanto, se podrá interrumpir cualquier campaña de donaciones "no autorizada" en Internet, bloquear las páginas e imponer multas a sus responsables por un valor equivalente a hasta 20.000 euros.

"El Gobierno se puede despertar una mañana, escoger una ONG y cerrarla al día siguiente", advirtió la jurista turca Sule Özsoy-Boyunsuz a la agencia de prensa Bianet. Y agregó que "la ley no es predecible" porque deja "un enorme margen de decisión al Ministerio del Interior".

El pasado 24 de diciembre, Human Rights Watch advirtió que la motivación detrás de estos apartados de la norma es "limitar y restringir las actividades legítimas de cualquier organización no gubernamental que no le guste" al Gobierno, por lo que la calificó como “una herramienta peligrosa para limitar la libertad de asociación".

La iniciativa fue aprobada por el Legislativo tras un extenso debate, en el que incluso se registraron agresiones físicas entre los parlamentarios. Pero finalmente fue avalada con los votos del partido islamista Justicia y Desarrollo (AKP), que gobierna Turquía desde 2002, y su socio de coalición, el Partido de Acción Nacionalista (MHP).

Con AP y EFE