La Policía de Myanmar presenta cargos contra Aung San Suu Kyi, aún detenida tras el golpe de Estado

Foto de archivo. El presidente electo de Myanmar, Win Myint, a la izquierda, con el líder Aung San Suu Kyi, a la derecha, ingresa al Parlamento para prestar juramento en el cargo en Naypyitaw, Myanmar, el viernes 30 de marzo de 2018.
Foto de archivo. El presidente electo de Myanmar, Win Myint, a la izquierda, con el líder Aung San Suu Kyi, a la derecha, ingresa al Parlamento para prestar juramento en el cargo en Naypyitaw, Myanmar, el viernes 30 de marzo de 2018. © Aung Shine Oo / AP

Este miércoles, la Policía birmana formuló cargos contra la líder derrocada Aung San Suu Kyi y el presidente depuesto Win Myint, quienes permanecen detenidos tras el Golpe de Estado del Ejército el pasado lunes. Entretanto, el partido Liga Nacional para la Democracia, que bajo el liderazgo de de Suu Kyi ganó ampliamente las elecciones de noviembre sobre los candidatos de la institución castrense, denunció que sus oficinas en distintas ciudades fueron allanadas de forma "ilegal".

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Un nuevo proceso penal comienza contra la derrocada líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi. Dos días después del golpe de Estado, la Policía formuló cargos contra Suu Kyi y el derrocado presidente Win Myint, pero paradójicamente ninguno de los supuestos delitos están relacionados con el presunto fraude electoral, razón con la que el Ejército justificó la toma del poder.

A Suu Kyi le fueron imputados cargos por presuntamente importar de manera ilegal equipos de comunicaciones. Según el documento emitido a un tribunal que detalla los señalamientos, las autoridades habrían hallado seis radios walkie-talkies durante un allanamiento en su residencia, en Naipyidó, la capital.

La acusación permite mantener detenida a la líder política, de 75 años, al menos hasta el 15 de febrero. Esto con el objetivo de “interrogar testigos, solicitar pruebas y buscar asesoría legal después de interrogar al acusado", de acuerdo con las autoridades. 

Además, los cargos estipulan una condena máxima de dos años de cárcel, según señalaron miembros de su partido Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés).

Vehículos militares desplegados en Naipydó, capital de Myanmar, el mismo día en que la Policía impiutó cargos a la derrocada líder del país, Aung San Suu Kyi, el 3 de febrero de 2021.
Vehículos militares desplegados en Naipydó, capital de Myanmar, el mismo día en que la Policía impiutó cargos a la derrocada líder del país, Aung San Suu Kyi, el 3 de febrero de 2021. © AFP/STR

Entretanto, al derrocado presidente Win Myint, detenido el mismo día que Suu Kyi, le fueron formulados cargos por supuestamente violar la ley de gestión de desastres naturales, según informó el legislador del NLD, Phyo Zayar Thaw.

En concreto lo acusan de violar los protocolos para detener la propagación del Covid-19 durante la campaña de las elecciones del pasado noviembre. El mandatario habría ordenado el desplazamiento de 220 vehículos para visitar algunas zonas junto a su esposa, en momentos en que estaba prohibida la reunión de más de 30 personas.

Estos cargos fueron calificados como “ridículos” por parte del presidente de los Parlamentarios por los Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Charles Santiago.

"Esta es una medida absurda de la junta (militar) para tratar de legitimar su toma ilegal de poder", dijo en un comunicado.

Adicionalmente, el Ejército advirtió que lanzará una investigación por el supuesto fraude electoral durante las elecciones del pasado 8 de noviembre, en los que el partido político de Suu Kyi logró una arrasadora victoria sobre los candidatos de la institución castrense, al obtener el 83 % de los 476 escaños del Legislativo.

La comisión electoral del país ya descartó las presuntas irregularidades. Además, dentro y fuera de Myanmar, el Ejército es señalado de tomar el poder a la fuerza ante la frustración por su derrota y su aferramiento de larga data al poder, pues esos comicios fueron solo los segundos que la nación celebró tras medio siglo de dictadura militar.

Denuncian allanamientos en oficinas del NLD y se extienden las protestas 

El partido NLD denunció que, entre el martes y el miércoles, los militares adelantaron allanamientos en sus oficinas en varias regiones del país. El colectivo calificó estas acciones de “ilegales”.

El NLD especificó que los soldados irrumpieron a la fuerza y luego se llevaron computadores y documentos. El portavoz del partido, Kyi Toe, dijo que las cerraduras fueron violentadas.

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Pese a la denunciada persecución, en el país se extienden las manifestaciones contra el Ejército, especialmente luego de que se formara recientemente el Movimiento de Desobediencia Civil. Como parte de la protesta, el personal de 70 hospitales y departamentos médicos en 30 ciudades del país dejó de trabajar este miércoles 3 de febrero.

"Nos negamos a obedecer cualquier orden del régimen militar ilegítimo que demostró no tener ningún respeto por nuestros pobres pacientes", señaló un comunicado del Movimiento de Desobediencia Civil de Myanmar.

Asimismo, cacerolazos y bocinas de vehículos resonaron como señal de rechazo en varias ciudades, entre ellas Yangon, la más grande de Myanmar.

En redes sociales, decenas de usuarios cambiaron sus fotos de perfil por imágenes de Suu Kyi, o pidieron boicots a los productos de firmas vinculadas a negocios de los militares.

Decenas de ciudadanos protestan contra el golpe de Estado del Ejército birmano, frente a la embajada de Myanmar, en Bangkok, Tailandia, el 3 de febrero de 2021.
Decenas de ciudadanos protestan contra el golpe de Estado del Ejército birmano, frente a la embajada de Myanmar, en Bangkok, Tailandia, el 3 de febrero de 2021. © Reuters/Athit Perawongmetha

Grupos de exiliados también protestaron en países como Japón y Tailandia. “Estamos aquí para que todo el mundo sepa que no estamos contentos con lo que ha sucedido, contra lo que hicieron (los militares): tomar el poder, apoderarse de la democracia. Queremos que todo el mundo lo sepa y queremos que el mundo nos ayude", dijo Khin Maung, un ciudadano de Myanmar, durante una protesta en Bangkok, donde reside.

Entretanto, el G7-conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- condenó la toma del poder y urgió al Ejército birmano a respetar los resultados electorales.

"Hacemos un llamado a los militares para que pongan fin de inmediato al estado de emergencia, restauren el poder al Gobierno elegido democráticamente, liberen a todos los detenidos injustamente, respeten los derechos humanos y el estado de derecho", dijo en un comunicado el grupo de las siete economías más desarrolladas.

A pesar de los múltiples llamados internacionales, el Ejército advirtió que mantendrá el poder durante un año bajo el llamado estado de emergencia. La institución castrense detalló que luego convocará a elecciones y que permitirá que el ganador asuma el Gobierno. Sin embargo, los militares no han dado una fecha concreta para la realización de los comicios. 

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Antes de su detención, Suu Kyi fue una aliada de los militares, pues compartió el poder con ellos desde que su partido NDL ganó las elecciones de 2015 y ella fue nombrada consejera de facto. 

Durante su liderazgo, defendió la represión contra la minoría Rohingya, lo que le dañó la reputación que había ganado al obtener el Premio Nobel de Paz en 1991 y al ser una de las críticas más acérrimas del Ejército de Myanmar en los tiempos de dictadura. Incluso, bajo el gobierno de los militares, Suu Kyi estuvo varios años detenida. 

Con Reuters, AP y EFE

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