La Junta de Myanmar suma a la depuesta Aung San Suu Kyi nuevos cargos penales

Manifestantes marchan con carteles de la exlíder birmana Aung San Suu Kyi, en la comuna de Kamayut, en Yangon, Myanmar, el 8 de abril de 2021.
Manifestantes marchan con carteles de la exlíder birmana Aung San Suu Kyi, en la comuna de Kamayut, en Yangon, Myanmar, el 8 de abril de 2021. © AP

Las autoridades militares que gobiernan el país desde el golpe del 1 febrero presentaron este lunes nuevas imputaciones, las sextas, contra la exdirigente birmana. Entre las conocidas por la ley de gestión de catástrofes naturales o la supuesta revelación de secretos nacionales, se añade soborno y el haber violado protocolos biosanitarios por la pandemia. Mientras, la ubicación del arresto de Suu Kyi se sigue ignorando.

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Depuesta en febrero por la Junta y mantenida bajo arresto domiciliario, este 12 de abril la exdirigente birmana ha vuelto a ser foco de los militares, con nuevas imputaciones penales en su contra. Las sextas en apenas dos meses.

Según su abogada, en esta ocasión un tribunal del país volvió a relacionarla con la legislación sobre gestión de catástrofes naturales, además de acusarla de presuntamente haber sobornado y violado los protocolos de bioseguridad por Covid-19.

Aung San Sus Kyi "está imputada en seis casos, cinco en Naypyidaw y uno en Rangún (...) y una vez más ha sido inculpada en virtud de la sección 25 de la ley sobre la gestión de catástrofes naturales", declaró a AFP su defensora penal Min Min Soe, denunciando que tales cargos son un "invento", mientras que el de soborno lo sienten como una "broma".

Broma o no, todo se suma a una seguidilla de acusaciones contra la exlíder de 75 años y Premio Nobel de la Paz en 1991, pese a su cuestionada gobernanza. Tras la sublevación militar del 1 de febrero, se ha señalado a Aung San Suu Kyi de importar ilegalmente transmisores 'walkie-talkie' y de amenazar la seguridad nacional. Mientras que ya a mediados de febrero se la había inculpado por segunda vez del cargo de desastres naturales.

Aunque el pasado 25 de marzo, las autoridades marciales presentaron el que seguramente sea el cargo más grave, por acarrear una pena de hasta 14 años de prisión: se trata de la violación de la Ley de Secretos Oficiales de la era colonial, interpuesto el 1 de abril.

El consejo militar también la culpa de delitos de corrupción, si bien esta denuncia no ha sido formalizada por algún tribunal. Al menos no todavía.

La exlíder birmana se encuentra en "aparente buena salud"

Pese a la situación, estos nuevos cargos han permitido a los abogados de Suu Kyi verla por videollamada y valorar en cierto modo que se halla en "aparente buena salud", en palabras del letrado Khin Maung Zaw.

Para esta comparecencia virtual ante el tribunal de Naypyidaw, la exlíder birmana solicitó reunirse con sus abogados en persona. Sin embargo, la petición fue denegada y solo pudieron hablar a través de un enlace y bajo la mirada de varios funcionarios de seguridad, al punto que no se sabe siquiera si está al tanto de las protestas o de la actual participación de las guerrillas étnicas.

Así se lo preguntó la agencia Reuters a su abogada: "No, no lo hemos hecho. Solo podíamos hablar de los asuntos legales". Se prevé que la próxima vista en Rangún sea el 22 de abril, mientras que esta de la corte de Naypyidaw ocurriría cuatro días después, el 26.

Siempre con la misma estrategia legal: rechazar las acusaciones de manera contundente y evitar que la exlíder vuelva a pasar otros 15 años bajo arresto domiciliario, como durante la anterior dictadura, con sucesión de juntas militares de 1962 y 2011.

La abogada de Aung San Suu Kyi, Min Min Soe, habla con el periodista después de la audiencia judicial de la exlíder en Naypyitaw, Myanmar, el 12 de abril de 2021.
La abogada de Aung San Suu Kyi, Min Min Soe, habla con el periodista después de la audiencia judicial de la exlíder en Naypyitaw, Myanmar, el 12 de abril de 2021. © Stringer / EFE / EPA

Precisamente, el proceso contra Suu Kyi, otros miembros del anterior Gobierno y el presidente Win Myint, desencadenado tras el golpe militar, se desarrolla en uno de los peores momentos de la historia de Myanmar, no visto en los últimos diez años luego de intentos de una real democracia sin generales.

La represión de las autoridades a los manifestantes birmanos, que exigen a diario que la Junta militar vuelva a apartarse de la política y retorne a los dirigentes civiles, ha llevado a la muerte a más de 700 personas, de acuerdo a datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).

Sin embargo, así como el Ejército considera que tuvo que derrocar al Gobierno de Suu Kyi porque la elección de noviembre fue ganada, como en 2015, de forma fraudulenta, hoy tilda a las víctimas de "terroristas" y solo contabiliza a 248 fallecidos desde el 1 de febrero.

Con Reuters, EFE y AFP

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