Un juez de Texas declara ilegal el programa DACA de EE. UU. y suspende nuevas solicitudes

Una mujer sostiene un puño y un cartel que hace referencia a los "soñadores", término utilizado para los jóvenes indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, mientras una coalición de grupos activistas y sindicatos participan en la marcha por el 1 de Mayo por los trabajadores y derechos humanos en Los Ángeles, Estados Unidos, el 1 de mayo de 2021.
Una mujer sostiene un puño y un cartel que hace referencia a los "soñadores", término utilizado para los jóvenes indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, mientras una coalición de grupos activistas y sindicatos participan en la marcha por el 1 de Mayo por los trabajadores y derechos humanos en Los Ángeles, Estados Unidos, el 1 de mayo de 2021. © David Mcnew / AFP

Un juez federal del estado de Texas declaró ilegal la política que ampara a migrantes que llegaron a Estados Unidos sin documentos y siendo niños. Aunque la decisión le dice al Gobierno que no puede aceptar nuevos permisos, aclara que las autoridades no tienen que deportar a los beneficiados y que se pueden renovar los actuales amparos migratorios. 

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De acuerdo con lo anunciado por Andrew Hanen, juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, el Gobierno del entonces presidente Barack Obama no siguió las reglas administrativas federales al lanzar el programa de Acción Diferida para los inmigrantes Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Actualmente, dicho programa tiene cerca de 650.000 personas inscritas, la mayoría de ellas son hispanas. 

El caso comenzó hace casi siete meses, cuando Hanen recibió la demanda encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton. Ocho estados respaldaron la solicitud: Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.

Y ahora, el juez federal de Texas y quien fue designado por el entonces presidente George W. Bush en enero de 2002, les dio la razón. La sentencia establece que los estados demostraron "las dificultades que les ha causado la operación continua de DACA". Agregó que “el gobierno no tiene interés legítimo en la continuación de un programa implementado ilegalmente".  

En las conclusiones del fallo, Hanen aseveró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) violó una ley administrativa con la creación de DACA y su operación continuada. En su escrito, dictaminó que el Congreso no le había otorgado al DHS la autoridad para crear DACA y que impedía que los funcionarios de inmigración hicieran cumplir las disposiciones de deportación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

“El Congreso no le ha dado al Ejecutivo rienda suelta para otorgar presencia legal fuera del ámbito del esquema legal”, escribió Hanen.

En cuanto a las nuevas solicitudes, Hanen aseveró que el gobierno podría seguir recibiendo nuevas solicitudes para el programa, como lo ordenó un juez federal en un caso separado, pero que no podía aprobarlas.

A pesar de ello, Hanen reconoció al programa DACA como parte del tejido estadounidense actual y señala que su decisión no requiere que el Gobierno de Joe Biden tome "acción de deportación o criminal en contra de los beneficiarios".

Por ello, permitirá que se renueven los actuales amparos migratorios, que dan un permiso temporal de residencia y trabajo a los beneficiarios.

"Cientos de miles de beneficiarios individuales de DACA, junto con sus empleadores, estados y seres queridos, han llegado a depender del programa DACA (…) Dados esos intereses, no es equitativo que un programa gubernamental, que ha generado una dependencia tan significativa, termine repentinamente", expresó el juez. 

El programa DACA fue establecido en el año 2012 por el entonces presiente de Estados Unidos, Barack Obama, para proteger a miles de jóvenes inmigrantes que llegaron al territorio estadounidense de manera ilegal antes de cumplir los 16 años.

En diciembre de 2020, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) reportó que los beneficiarios de este programa son nacionales de unos 195 países. Entre sus beneficios, el plan ofrece autorización de trabajo y evita la deportación, aunque no es el método para obtener la ciudadanía. 

El Congreso recibe la presión para salvar el programa DACA

Desde su creación, el programa se ha enfrentado a una serie de desafíos y los más recientes ocurrieron durante el mandato de Donald Trump. El entonces mandatario intentó varias veces acabar con DACA, pero siempre la Justicia falló a favor del programa. 

Desde su campaña presidencial, Trump prometió que terminaría el programa de forma gradual y, para ello, su Gobierno recurrió las decisiones de los jueces federales de California, Nueva York y Washington que lo obligaron a continuar recibiendo solicitudes en DACA. 

Fue así como la discusión llegó a la Corte Suprema estadounidense y una vez más la Justicia respaldó al programa para migrantes. En 2020, el máximo tribunal dictaminó que la administración Trump no había puesto fin al programa correctamente

En medio de estas situaciones legales, el Congreso se convierte en el organismo capaz de proporcionar una solución permanente a los beneficiarios de DACA a través del establecimiento de una legislación, una respuesta que por años se ha visto estancada. 

La demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, reaccionó a la medida del juez en Texas y señaló que su partido seguirá presionando y buscando alternativas para que sea aprobada la ley 'Dream’. Y es que a los beneficiados por DACA se les conoce popularmente como "soñadores".

"Mientras esperamos la rápida suspensión que la ley claramente requiere, los demócratas continuarán presionando por todos y cada uno de los caminos para garantizar que la Ley de Sueños y Promesas, ahora aprobada dos veces por la Cámara, se convierta en la ley del país (…) Los demócratas piden a los republicanos en el Congreso que se unan a nosotros para respetar la voluntad del pueblo estadounidense y la ley que garantice los ‘dreamers’ tengan un camino permanente hacia la ciudadanía”, dijo Pelosi. 

En marzo, la Cámara de Representantes aprobó una legislación que facilita el camino para el establecimiento de una ciudadanía a los ‘dreamers’, pero esta se ha estancado en el Senado. 

El presidente estadounidense, Joe Biden, quien desde su primer día en el cargo ha ordenado al secretario de Seguridad Nacional tomar las acciones apropiadas para proteger el programa DACA, también ha dispuesto de una legislación que permita otorgar la ciudadanía a por lo menos 11 millones de personas que viven en el país sin permiso. 

Organizaciones de derechos civiles y el Gobierno de México reaccionaron ante la decisión judicial 

Vale señalar que el juez Hanen negó la solicitud a los defensores del programa, encabezados por el Fondo México Americano para la Educación y la Defensa Legal (Maldef), que representa a los inmigrantes en este caso. Este grupo, en conjunto con la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey, señala que la administración Obama contaba con autoridad y que los estados carecían de legitimación para demandar porque no habían sufrido ningún daño debido al programa. 

Thomas Sáenz, presidente de Maldef, indicó que los afectados por la decisión presentarán una apelación.  

“La decisión de hoy enfatiza una vez más cuán críticamente importante es que el Congreso dé un paso al frente para reflejar la voluntad de una gran mayoría de ciudadanos y votantes en este país. Esa voluntad es que los beneficiarios de DACA, y otros jóvenes inmigrantes en situación similar, reciban una acción legislativa que les otorgue un camino hacia la permanencia y la ciudadanía en nuestro país ”, señaló Sáenz.

Por su parte Todd Schulte, presidente del grupo de presión en favor de la inmigración 'FWD.us', expresó malestar por la decisión judicial y manifestó que el "programa DACA ha sido un éxito que ha transformado muchas vidas". 

“Hoy lo deja absolutamente claro: solo una solución legislativa permanente aprobada por el Congreso eliminará el miedo y la incertidumbre con los que los beneficiarios de DACA se han visto obligados a vivir durante años. Hacemos un llamado a todos y cada uno de los cargos electos a hacer todo lo que esté a su alcance para que los beneficiarios de DACA, sus familias y comunidades, puedan vivir libres de miedo y continuar construyendo sus vidas aquí”, indicó Schulte.

Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles afirmó que DACA debería estar protegido. "El futuro de los soñadores no debería estar en manos de los tribunales", escribió el grupo en su cuenta de Twitter. 

La decisión tuvo reacciones en el Gobierno de México que se pronunció a través de un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. “El gobierno mexicano lamenta la decisión de un juez estadounidense de que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ( DACA ) violó la ley estadounidense cuando se creó (…) México continuaría brindando protección y asistencia consular a los beneficiarios mexicanos de DACA”, señaló Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de Twitter. 

 

Según el medio estadounidense ‘NBC News’, que cita cifras del Gobierno estadounidense, más del 90% de los participantes de DACA cuenta con un trabajo y la mitad se encuentra en la escuela. Adicionalmente, agrega la publicación, muchos no hablan el idioma de su país de origen ni conocen a profundidad la cultura de esas naciones.

Con EFE, Reuters y AP 

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