¿Qué es la ley RICO?: ABC de la norma anti crimen organizado usada en el nuevo caso contra Trump

En la noche del miércoles 14 de agosto, el expresidente Donald Trump recibió su cuarta imputación. Esta vez fue el gran jurado de Georgia el que acusó oficialmente al exmandatario de intentar revertir su derrota en ese estado en las elecciones presidenciales de 2020.

Puntualmente, el documento de 98 páginas indica que Trump es la cabeza de una "empresa criminal" que buscó anular los resultados de los comicios en los que el demócrata Joe Biden fue elegido presidente.

La acusación fue presentada por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, y además incluye a otras 18 personas e implica un total de 41 cargos: uno de ellos es el de extorsión que enfrentan todos los imputados.

El texto detalla numerosas acciones delictivas que habrían cometido esas 19 personas tras las elecciones y también intentos posteriores para encubrir dichas acciones.

¿Qué determina la Ley RICO?

Se trata de un cargo que viola la llamada Ley RICO, o Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, una normativa que fue aprobada a nivel federal en 1970 y que tenía como principal objetivo luchar contra la mafia estadounidense y contra las organizaciones delictivas del crimen organizado.

La normativa tiene una particularidad y es que permite procesar a personas por pertenecer a organizaciones criminales, incluso si solo han ordenado delitos, pero no los han ejecutado. También, si en un plazo de diez años, solo han cometido dos del total de 35 delitos contemplados.

Pero los estados del país han promulgado leyes similares con algunos giros, por lo que se amplía a muchos otros tipos de "actividad delictiva organizada".

El estado de Georgia aprobó su propia versión de la ley en 1980. La norma tipifica como delito el hacer parte, adquirir o mantener el control de una “empresa” a través de un “patrón de actividad de crimen organizado” o conspirar para hacerlo.

Cabe aclarar que en la normativa del estado de Georgia no se exige que las empresas delictivas tengan larga duración e incluye 50 delitos subyacentes que entran dentro de la modalidad de extorsión.

Las personas que son declaradas culpables de violar la ley RICO de Georgia enfrentan entre cinco y 20 años de prisión.

De acuerdo con la fiscal Willis, los 19 acusados hicieron parte de "una empresa de crimen organizado para anular el resultado de las elecciones presidenciales en Georgia”. Los imputados habrían intentado influir a testigos, habrían hecho declaraciones falsas, presentado documentos falsos, filtrado información e incluso habrían suplantado a funcionarios.

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La normativa no exige que los fiscales demuestren que los acusados ​​participaron directamente en actividades delictivas, solo que formaron parte de una organización que lo hizo. Esto significa que la parte acusadora no está obligada a probar que Trump violó personalmente esa ley, basta con demostrar que los hechos se coordinaron en conjunto con quienes los llevaron a cabo.

En otras palabras, los fiscales tendrán que probar que el exmandatario y los coacusados, entre quienes están su exabogado Rudolph Giuliani y su ex jefe de gabinete Mark Meadows, obraron con un propósito criminal común.

¿Qué trae esta nueva imputación para Donald Trump?

La imputación en Georgia deja al exmandatario y aspirante a la nominación republicana para las elecciones de 2024 con 91 cargos en cuatro procesos separados en su contra.

Y el caso en Georgia es el segundo relacionado con sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020. Asimismo, es la segunda causa en su contra que se desarrolla ante un tribunal federal. 

El documento presentado expone que varios de los actos que presuntamente hicieron parte de una "conspiración de crimen organizado" involucraron a otros estados. Willis indicó que, según el jurado investigador, los hechos cometidos fuera del estado hacen parte del complot para anular los resultados en Georgia.

La imputación detalló un total de 161 presuntos actos que se habrían llevado a cabo para promover la supuesta conspiración para revertir la derrota electoral de Trump. Varios de esos episodios habrían tenido lugar en los estados de Pensilvania, Arizona, Michigan y Wisconsin.

Una clave del proceso actual es que el estado de Georgia tiene una amplia normativa que prohíbe hacer declaraciones falsas, ficticias o fraudulentas en cualquier asunto que tenga relación con la juristicción de un departamento o agencia del Gobierno estatal y la imputación contiene la expresión "declaración falsa" en más de cien ocasiones.

Puntualmente, Trump y Giuliani, entre otros, están acusados de declarar información falsa sobre fraude electoral en público y en documentos legales como en audiencias en ese estado.

De igual forma, se resalta el delito de solicitud de violación del juramento público por parte de un funcionario público.

Específicamente, el texto hace referencia a la llamada que Trump hizo el 2 de enero de 2021 al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para pedirle que le ayudara a "encontrar" los votos suficientes para anular su derrota.

"Mira, todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos. Porque ganamos el estado", habría señalado Trump a Raffensperger durante la comunicación.

¿Podría Trump ser presidente si es condenado?

Dentro del ala más radical de los republicanos, Donald Trump tiene un amplio apoyo que parece inquebrantable pese a los procesos en su contra. Previo a esta imputación, una encuesta de 'The Washigton Post' revelaba que el exmandatario tenía una intención de voto de más del 50 % para hacerse con la nominación republicana.

Una de las preguntas que surge es si una eventual condena podría impedir que el magnate se haga con la candidatura republicana y llegue a la Casa Blanca.

Varios expertos indican que no existen bases legales suficientes para ello. No obstante, hay consenso en que ni las acusaciones en su contra, ni una condena, podrían evitar que Trump fuera elegido, incluso como presidente.

La razón está en que la Constitución solo tiene tres requisitos para el principal cargo del país: haber nacido en Estados Unidos, haber residido en el país por al menos 14 años y tener 35 años o más.

Con Reuters, AP y medios locales