Francia: cuatro policías son puestos bajo investigación formal por la golpiza de un hombre afro

De la indignación social al pronunciamiento de las autoridades. Una semana después de la golpiza contra el productor musical afrofrancés Michel Zecler -la cual fue registrada en video y su difusión desató una ola de repudio y protestas-, la Fiscalía de París anunció las primeras medidas.

Este domingo, Remy Heitz, el fiscal de la capital francesa donde ocurrieron los hechos el 21 de noviembre, informó que los cuatro policías involucrados han sido puestos bajo investigación formal.

Los agentes serían acusados ​​de violencia intencional con armas, uso de lenguaje racista, falsificación de registros policiales, violación de una propiedad privada y daño intencional a un lugar privado, según aseguró Heitz.

Además, tres de los cuatro señalados deberán permanecer bajo custodia. El fiscal afirmó durante una rueda de prensa que las autoridades judiciales quieren asegurarse de que los tres no tengan ningún contacto entre sí y no puedan ejercer ninguna presión sobre los testigos.

Los hechos se remontan al pasado fin de semana cuando, según la víctima del presunto abuso policial, caminaba por una calle en el distrito 17 de París sin mascarilla, medida obligatoria en la ciudad para tratar de mitigar la pandemia del Covid-19. Tras observar un vehículo de Policía, decidió entrar rápidamente a un edificio donde se encuentra su estudio musical para evitar ser multado, pero los oficiales lo siguieron hasta el lugar y lo golpearon.

Durante una audiencia con los investigadores, los tres policías admitieron haber atacado al hombre, pero afirmaron que lo hicieron porque no podían someterlo, debido a que el productor se resistía al arresto y a que se encontraban en pánico.

Asimismo, los oficiales negaron haber usado un lenguaje racista contra el agredido. Sin embargo, el fiscal alegó que uno de los jóvenes que estaban en el sótano del estudio, donde se produjo la paliza, confirmó que escucharon los insultos racistas.

Un cuarto oficial de policía, que no está acusado de participar en la golpiza sino de arrojar una granada de gas lacrimógeno al estudio de música de Zecler, sería suspendido de sus funciones y puesto bajo control judicial, señaló Heitz.

Los videos grabados refutarían la versión de los policías

El productor musical terminó detenido durante 48 horas, acusado de rebelión y de haber querido utilizar las armas de los agentes. Pero videos grabados por testigos y por cámaras de vigilancia mostraron cómo los agentes entran a la fuerza en su estudio e intentan sacarlo del lugar a golpes.

El abogado de Zecler, Hafida El-Ali, afirmó que los agentes “mienten en todos los niveles".

Los videos consiguieron que la denuncia inicial de los agentes fuera puesta en duda. La paliza duró varios minutos y sus imágenes han sido ampliamente difundidas por redes sociales y medios de comunicación locales, provocando un rechazo generalizado dentro y fuera del país contra un nuevo caso de abuso policial con tintes racistas.

El abogado de los tres miembros de la fuerza pública detenidos, Laurent-Franck Lienard, sostuvo que, aunque a él también le impactaron las imágenes, sus clientes no deberían permanecer bajo custodia porque los agentes deben usar la fuerza cuando sea inevitable no hacerlo. "La detención preventiva (contra los policías) es totalmente histérica", justificó.

Este caso ha tomado una relevancia especial debido a que los videos grabados han respaldado la versión de la víctima, justo en momentos en que el Gobierno francés intentaba impulsar la denominada ley de seguridad global, que limita la filmación y difusión de imágenes de los miembros de la fuerza pública.

El artículo 24, el más polémico de la iniciativa, plantea sancionar con un año de cárcel o una multa de hasta 45.000 euros a quienes sean hallados culpables de divulgar imágenes que pudieran "dañar la integridad física o mental" de los agentes de policía.

El proyecto de ley ya había causado multitudinarias manifestaciones por ser considerado un intento de violar la libertad de información y un mecanismo que ayudaría a encubrir eventuales abusos policiales.

Tras la controversia, el presidente Emmanuel Macron anunció que se reescribirá ese apartado de manera que mantenga el objetivo de proteger a los uniformados, pero disipando al mismo tiempo cualquier duda sobre el respeto a la libertad de informar. Aún está pendiente la difusión de esos posibles cambios.

Con Reuters y EFE