El silencio no es un sí: así es la ley de libertad sexual que plantea España

Imagen de archivo. Decenas de personas se concentraron el 4 de noviembre de 2019 en la Plaza del Castillo de Pamplona, en España, para expresar su rechazo a la sentencia de 'La Manada' de Manresa.
Imagen de archivo. Decenas de personas se concentraron el 4 de noviembre de 2019 en la Plaza del Castillo de Pamplona, en España, para expresar su rechazo a la sentencia de 'La Manada' de Manresa. Villar López / EFE

El Poder Judicial cuestionó este jueves el anteproyecto de la ley de libertad sexual presentado por el Gobierno español, alegando que podría alterar los procesos judiciales. De seguir adelante, esta sería la primera legislación en definir qué se entiende por consentimiento sexual. Además, exigiría que la aceptación debe manifestarse de forma clara e inequívoca.

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Todo empezó el mes de agosto de 2016 con una mujer de 18 años, cinco hombres y el portal de un edificio en Navarra, España. Fue forzada a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad cuando volvía a su casa, de madrugada, durante las famosas fiestas de San Fermín.

Dos años más tarde, en abril de 2018, la Audiencia Provincial de Navarra decidió que el episodio fue un caso de abuso y no de violación, ya que no se había hecho uso de la violencia. La sentencia provocó la ira de miles de mujeres españolas que salieron a las calles para defender que fue violación. Un fallo que, más tarde, fue enmendado por el Tribunal Supremo tras sentenciar que, en efecto, sí fue violación y condenar a los acusados a 15 años de cárcel.

Imagen de archivo. Miles de personas se manifestaron en Madrid contra la liberación de los miembros de 'La Manada' en 2018, cuando quedaron en libertad condicional.
Imagen de archivo. Miles de personas se manifestaron en Madrid contra la liberación de los miembros de 'La Manada' en 2018, cuando quedaron en libertad condicional. Susana Vera / Reuters

El caso de 'La Manada' –como se conoce a los cinco violadores– abrió un debate de género sin precedentes en España. Se iniciaron conversaciones sobre la necesidad de incluir en el Código Penal la definición de consentimiento, para que casos como el de 'La Manada' no se repitieran y, sobre todo, para incluir en la ley que el silencio no significa consentimiento sexual.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno decidió convocar a un grupo de especialistas para revisar el Código Penal y atender las demandas sociales de las mujeres. Finalmente, el proyecto llegó al actual gobierno progresista formado por la coalición entre el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos.

Integrar la definición de “consentimiento” en el Código Penal

“La que calla no otorga”, dijo durante una de sus intervenciones la actual ministra de Igualdad de España, Irene Montero. De ahí que la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual se conozca como la ley del “solo sí es sí”, ya que pretende profundizar en el consentimiento de la víctima.

De hecho, España ya castiga los actos sexuales sin consentimiento, pero el problema es que este no está definido en el Código Penal, que se centra únicamente en la violencia o intimidación para determinar cuándo hay agresión y no contempla que una mujer puede ser violada sin ser agredida.

Imagen de archivo. Manifestantes en una protesta el 4 de mayo en Madrid, contra una sentencia que exculpa de "violación" a cinco hombres que se hacen llamar "La Manada"
Imagen de archivo. Manifestantes en una protesta el 4 de mayo en Madrid, contra una sentencia que exculpa de "violación" a cinco hombres que se hacen llamar "La Manada" AFP

Por eso, el Gobierno puso en marcha un borrador que incluye la definición de consentimiento basándose en dos premisas: que la mujer haga una manifestación “inequívoca” de querer participar y que esa manifestación sea entendida “conforme a sus circunstancias concurrentes” –en el caso, por ejemplo, de que vaya ebria–.

El anteproyecto también pretende acabar con el delito de abuso sexual, para hacer hincapié en que el delito no lo marca la violencia del agresor, sino la predisposición de la víctima. Además, la legislación incluye medidas de prevención, atención y reparación de las víctimas de violencia sexual; y también la creación de juzgados que solo atiendan este tipo de casos.

En marzo de 2020, el Gobierno español dio luz verde al borrador, aunque todavía tiene que pasar por el Congreso para entrar en vigor.

El Poder Judicial se muestra crítico con el anteproyecto de ley

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya advirtió a principios de febrero que veía fallas en ciertos apartados del anteproyecto de la ley. Este jueves, el organismo decidió por unanimidad secundar un informe que cuestiona los dos aspectos fundamentales de la ley: la definición de consentimiento y el retiro de la ley de abuso sexual.

Además de considerar la inclusión del término de consentimiento en el Código Penal como “innecesaria”, los vocales alegaron que la forma de definirlo puede alterar los procesos penales y afectar al principio de presunción de inocencia.

La decisión del CGPJ es tomada en consideración, pero no es vinculante y no impide que el borrador de la ley pueda seguir adelante para ser aprobado.

Por su parte, el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos calificó el fallo del órgano judicial como “regresivo”. Irene Montero, una de las máximas precursoras de la ampliación de la ley de violencia sexual, la defendió a través de redes sociales.

Con el actual Código Penal, algunos juzgados ven violencia sexual donde otros no, al igual que sucede con el consentimiento. Algo que la ley de libertad sexual quiere minimizar, dando a las víctimas el trato más objetivo posible.

Con EFE y medios locales

 

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