Francia presenta un proyecto de ley por el clima; ONG critican falta de ambición

La ministra para la Transición Ecológica, Barbara Pompili, a su llegada a una reunión con miembros de la Convención Ciudadana por el Clima, el 30 de septiembre de 2020, en Matignon, Francia.
La ministra para la Transición Ecológica, Barbara Pompili, a su llegada a una reunión con miembros de la Convención Ciudadana por el Clima, el 30 de septiembre de 2020, en Matignon, Francia. © Christophe Archambault, AFP

Este miércoles la ministra de Transición Ecológica presentó al Consejo de Ministros el proyecto "Ley clima y resiliencia", fruto de las propuestas de la Convención Ciudadana. El texto, que llegará a la Asamblea Nacional en marzo, incluye 65 artículos y abarca seis temas principales: consumo, producción y trabajo, mudanzas, vivienda, alimentación, fortalecimiento de la protección judicial del medio ambiente. Sin embargo, para las ONG el texto no está a la altura de las ambiciones anunciadas.

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El texto tiene 65 artículos que conciernen todos los aspectos de la vida: trabajo, vivienda, transporte, alimentación, consumo y refuerzo de la protección jurídica del medio ambiente. Según el gobierno, esta es la ley más importante sobre el clima del mandato de Emmanuel Macron.

De hecho, el presidente espera a través de un referendo poder modificar la Constitución para incluir en el primer artículo la protección del medio ambiente y de la biodiversidad como uno de los deberes del Estado.

El proyecto es el fruto de las reflexiones que durante nueve meses fueron el centro de atención de la Convención Ciudadana por el Clima. Las propuestas aparecen en un reporte de 500 páginas entregado el pasado 21 de junio de 2020 al Gobierno.

El objetivo de este proyecto de ley, presentado por Barbara Pompili, ministra de Transición Ecológica, es que Francia consiga, como anunció, reducir sus emisiones de carbono en un 40% de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990.

Para esto hay que modificar los comportamientos individuales pero también colectivos. Macron había prometido que retomaría las 149 propuestas de la Convención, pero al final el texto es menos ambicioso de lo que se había anunciado y solo retoma 146 de ellas y no al pie de la letra.

"Si bien las propuestas ciudadanas tenían que transcribirse a la ley, está claro que la cuenta no está ahí", creen Greenpeace, la Fundación Nicolas Hulot, WWF, pero también la Fundación Abbé Pierre, ATD Cuarto Mundo, Attac o la CFDT , UFC-Que Choisir y la Confédération paysanne.

“Al comenzar el debate parlamentario, nuestras organizaciones esperan que el gobierno insufle nueva vida a la ambición original de este proyecto de ley. No privar a nuestro país de esta nueva vida. Se necesita más que nunca”, insisten las ONG.

Restricciones a las viviendas que consumen energía

Según el texto, en caso de venta de un inmueble, una auditoría en materia de consumo de energía será obligatoria; los diagnósticos de consumo deben generalizarse. Estos evalúan el consumo de energía de una vivienda o un edificio y su impacto en términos de gases de efecto invernadero. Al final se entrega una etiqueta con una nota que va de A a G, siendo A la mejor y G la de peor desempeño.

El objetivo es que las viviendas que tengan las peores clasificaciones, F y G, no podrán ser arrendadas a partir de 2028. Cinco millones estarían en esta franja.

Además, el Gobierno se propone recortar en un 50% la artificialización del suelo, esto es la ocupación del suelo para construir viviendas o infraestructuras. En este caso, la construcción de nuevas zonas comerciales, por ejemplo, estaría prohibida.

Restricciones a la publicidad de productos contaminantes

Sobre la base de este texto no se podrían publicitar las energías fósiles ni aquellas que contribuyan al efecto invernadero. Sin embargo, es una medida menos radical que la pedida por la Convención, que quería sacar de tajo toda publicidad de productos contaminantes como los grandes vehículos utilitarios.

Otra medida por debajo de las expectativas de la Convención es la prohibición de distribuir publicidad en los buzones de correo de las viviendas. El Gobierno se contenta con experimentar voluntariamente su prohibición durante 36 meses. Esto queda en manos de los gobiernos locales.

Transporte: prohibición de ciertos vuelos nacionales

Este sector es el que más polución genera en el país. Si un viaje puede hacerse por tren directo en menos de 2h30, un vuelo comercial ya no podrá cubrir esa ruta. La Convención pedía que la prohibición fuera para los trayectos de cuatro horas en avión. Así, según un comunicado de la encargada de la campaña de transporte de Greenpeace Francia, esto atañe a "solo cinco de las conexiones aéreas nacionales, de las cerca de cien existentes".

Las compañías aéreas tendrán además que compensar sus emisiones de carbono de los vuelos nacionales (50% en 2022, 70% en 2023, 100% en 2024). Esto quiere decir compensar sus propias emisiones de Co2 financiando proyectos para reducir la contaminación atmosférica.

En cuanto a los vehículos, desde 2030 no podrían venderse los que más contaminen. La ley también prevé instaurar zonas de bajas emisiones de aquí a 2025 en todas las aglomeraciones de más de 150.000 habitantes. Esto restringirá la circulación de ciertos vehículos.

Alimentación: más opciones vegetarianas y de agricultura sostenible

Se espera que de aquí a 2025 se propongan en los restaurantes de las colectividades locales un menú con más variedad de productos vegetarianos, pero también que el 50% de las comidas tengan productos durables y 20% orgánicos. En todo caso será algo que se entrará a experimentar en las colectividades que deseen participar. Esto sería válido para los 3.000 millones de comidas que cada año se sirven en dichos establecimientos.

En el último punto, el proyecto expone rápidamente la creación de un “delito de ecocidio”. Este castigará a las personas tanto físicas como morales que causen graves daños al medio ambiente de manera deliberada. En ciertos casos las penas pueden ir hasta los 10 años de cárcel y una multa de 4,5 millones de euros.

Sin embargo, en este punto las peticiones de la Convención se quedan cortas ya que en su lista de propuestas se pedía la creación de un crimen de ecocidio, una calificación que conllevaría penas más altas.

"Hay buenas cosas en este texto, pero al final muchas de nuestras medidas no están", explicó Grégoire Fraty, uno de los 150 ciudadanos de la Convención, a France 24. "Es lamentable que las ambiciones hayan sido reducidas a la baja", agregó.

El proyecto de ley será examinado a comienzos de marzo por una comisión de la Asamblea Nacional y por el pleno, el 29 de ese mes. Los debates deberían durar tres semanas antes de que sea examinado por el Senado. El voto final tendría lugar durante el verano.

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