Las Islas Seychelles protegen el 30 % de su área marina

El presidente de las Islas Seychelles, Danny Faure, fue claro con respecto a la importancia de esta medida: "El ecosistema marino de las Seychelles es el cimiento de nuestra economía. La pesca y el turismo son los dos pilares principales. Con más de 1,35 millones de kilómetros cuadrados de océano, el pueblo de las Seychelles depende directamente de los recursos de este para su alimentación y su sustento. Tener un plan espacial marino es la manera de abordar el desarrollo sostenible del océano para el presente y para las generaciones futuras".

El archipiélago, situado en el océano Índico frente a África Oriental, que ya sufre las consecuencias del cambio climático con la subida del nivel de mar y con el calentamiento de las aguas que hace que los corales se blanqueen, ha logrado este objetivo una década antes de que se cumpliera el plazo acordado por la iniciativa "30 antes del 30". Este plan, lanzado por Reino Unido en 2018, proponía que los países tendrían que proteger al menos el 30 % de los océanos mundiales antes del año 2030. Hasta el momento solo el 7 % de los océanos tiene algún tipo de protección, a pesar de que estos ocupan el 9 7% de toda la superficie habitable del planeta. Los océanos han absorbido el 30 % del dióxido de carbono emitido por los humanos y más de 1.000 millones de personas dependen de la pesca como su única fuente de proteína.

Desde el 23 de marzo hasta el 3 de abril estaba prevista en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York la cuarta y última sesión de negociaciones entre gobiernos para alcanzar un pacto que proteja la vida en aguas internacionales, que abarcan dos tercios de la superficie oceánica del planeta. Sin embargo, el brote del coronavirus Covid-19 hizo que las conversaciones, al igual que muchas otras convenciones y reuniones ambientales, tuvieran que aplazarse. Muchos de los organizadores y participantes esperan que este tiempo extra se aproveche para fortalecer los pactos y así alcanzar un tratado robusto para proteger a los océanos.

Las emisiones de dióxido de nitrógeno en las ciudades de España se han reducido en un 64 %

El brote de Covid-19 ha paralizado la mayoría del transporte y actividad industrial a nivel mundial. Y a pesar del gran impacto económico y social que esto está teniendo, ha hecho que muchas ciudades chinas y europeas vean cómo la calidad del aire ha mejorado de manera significativa. Así lo confirman datos de las más de 3.000 estaciones de monitoreo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), repartidas por el continente e imágenes tomadas por los satélites de la Agencia Espacial Europea (ESA).

En Madrid, la capital española, los niveles de dióxido de nitrógeno, un gas causado por la quema de motores de combustión, se redujeron en un 73 % y en Barcelona en un 83 %. Según la AEMA unas 400.000 personas mueren de manera prematura cada año por la mala calidad del aire en el viejo continente. El director ejecutivo de este organismo advierte de que estas medidas temporales para frenar la tasa de contagios del coronavirus que han resultado en una disminución de la contaminación a nivel global no serán suficientes para solucionar la mala calidad del aire a largo plazo.

Brasil y EE. UU. aprovechan el Covid-19 para relajar las normativas ambientales

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) en respuesta a una petición hecha por grupos de interés de la industria petrolera y otras industrias contaminantes, anunció que se centrará en resolver solo las situaciones que supongan un riesgo crítico e inminente para la salud pública o el medio ambiente. 

Todas estas excepciones preocupan a expertos y en una carta enviada a la agencia por parte del Proyecto de Integridad Ambiental aseguran que son, "desde un punto de vista de salud pública, irresponsables".

Según el organismo de la Administración del presidente Donald Trump la flexibilización de las normativas se aplica de manera retroactiva desde el 13 de marzo y se analizará la necesidad de cancelar o prolongar esta política temporal según sea necesario.

Por su parte, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) también anunció reducciones en la vigilancia ambiental. A pesar de que el presidente Jair Bolsonaro decretó que la ejecución de leyes ambientales era un servicio esencial, y por lo tanto no estaba sujeto a restricciones por la pandemia, el Ibama aseguró que un tercio de sus trabajadores se acerca a los 60 años y que enviar a estos agentes a vigilar que se cumplan las leyes ambientales pondría en riesgo su salud. Expertos en deforestación alegan que, aunque la salud de los trabajadores es primordial, esta decisión podría empeorar la situación en el país que ya ha visto cómo sus bosques han ido desapareciendo a gran velocidad en los últimos 15 meses.