Fracasa primer intento de ratificar el Acuerdo de Escazú, el trato ambiental de América Latina

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional en materia ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo que incluye disposiciones específicas sobre los defensores ambientales. Es un acuerdo que tiene como objetivo garantizar la implementación total y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, de participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y de acceso a la Justicia en asuntos ambientales. Además, busca la cooperación internacional para proteger el derecho a vivir en un medio ambiente saludable. 

Sin embargo, dos años después de su creación, aún no ha sido ratificado. El 26 de septiembre se cumplía el plazo para que, de los 24 países firmantes del acuerdo, al menos 11 lo ratificaran para que así pudiera entrar en vigor, pero hasta la fecha de grabación de este programa solo 10 lo habían hecho.

A pesar de que las negociaciones fueron lideradas por Chile y Costa Rica, ninguno de estos dos países lo ha ratificado. Chile ni siquiera lo ha firmado, algo que pone en entredicho el  compromiso en materia ambiental del país que, recordemos, actualmente tiene la presidencia de la cumbre sobre cambio climático de la ONU, la COP25.

Las razones del Gobierno chileno son que el texto, que ellos mismos ayudaron a redactar, es demasiado ambiguo y que daría pie a posibles demandas internacionales. Pero para Paulina Astroza, doctora en ciencias políticas y sociales de la Universidad de Concepción en Chile, estos argumentos son rebatibles y no existe ninguna razón jurídica desde el punto de vista del derecho internacional para no firmar el acuerdo. Ella apunta más bien a posibles intereses económicos detrás de la negativa de Chile a firmar el Acuerdo de Escazú.

El tratado sigue abierto a que los países que aún no lo han firmado o ratificado se adhieran, pero habrá que esperar a esa undécima firma para que entre en vigor. Una espera que para Amnistía Internacional muestra una falta de interés por parte de los gobiernos de la región, que es la más mortífera del mundo para los defensores ambientales.

Precisamente la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que "llame la atención" a los gobiernos de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil ante los asesinatos, amenazas y violaciones de derechos humanos a las que estas comunidades se enfrentan y solicitó que la CIDH "interceda" para que los gobiernos amazónicos "tomen medidas efectivas de protección".