Un año de la explosión en Beirut: muchas preguntas sin respuesta (3/5)
La resistencia de las autoridades a levantar la inmunidad procesal de altos cargos procesados obstruye la investigación para esclarecer las causas de la explosión. Familiares de las víctimas, activistas y abogados luchan para que se haga Justicia.
Primera modificación:
Un profundo cráter en el puerto de Beirut recuerda a los libaneses la tremenda explosión que ocurrió en la tarde del 4 de agosto de 2020. Viviendas devastadas, centros educativos en ruinas, negocios destruidos; 215 personas perdieron la vida y 5.000 quedaron malheridas.
El costo económico se calcula entre los 15.000 y 20.0000 millones de dólares, según Consultancy.org, pero el costo humano es inimaginable. Un año después de una de las mayores explosiones no nucleares de la historia, las heridas de los damnificados continúan abiertas, sin poder cicatrizarse ante la falta de voluntad política y judicial para avanzar en la investigación.
A falta de conocerse la causa exacta de la explosión, que sigue bajo investigación, la versión oficial es que un incendio accidental en el hangar número 12 del puerto fue el responsable de hacer detonar las 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas, lo que equivale a alrededor de 1,1 kilotones de TNT, según el Center for Disaster Philanthropy.
El entonces primer ministro libanés, Hassan Diab, mandó arrestar a unas docenas de funcionarios portuarios de bajo y medio rango y ordenó una inminente investigación para apaciguar los ánimos incendiados de los libaneses, pero no lo consiguió. Un estallido de cólera con protestas violentas tumbó al gobierno de Diab, que dimitió el 10 de agosto.
"Es una lucha del pueblo libanés": víctimas de la explosión
Desde entonces, Líbano sigue sin Gobierno. Y mientras más se alargue la inestabilidad política, más tardarán en llegar las tan necesitadas ayudas internacionales para reconstruir Beirut. Según un informe publicado este martes por UNICEF, un año después de la tragedia en el puerto de Beirut, “un asombroso 98 % de las familias (afectadas por la explosión) siguen necesitadas”.
Después de haber enterrado a sus muertos, los familiares de las víctimas de la explosión decidieron unirse para reclamar justicia. “Si dejamos que la investigación caiga en el olvido, que los responsables no rindan cuentas, nos estamos condenando a nosotros mismos. Esta lucha no es sólo para las familias de las víctimas, es una lucha del pueblo libanés”, explica a France 24 Mariana Fodoulian, presidenta de esta asociación de víctimas.
Abogados, activistas y organizaciones de derechos humanos han condenado la investigación interna sobre la explosión por su falta de transparencia, violaciones del debido proceso y demoras debido a la interferencia de los políticos libaneses.
El juez Fadi Sawan, que encabezaba la investigación, fue suspendido en febrero, después de que dos exministros a los que había acusado de negligencia criminal pidieran que el Tribunal de Casación de Beirut transfiriera el caso a otro juez, Tariq Bitar.
En diciembre, Sawan imputó al primer ministro interino, Hassan Diab, y a tres exministros (Ali Hasan Jalil, Yusuf Fenianos y Ghazi Zaiter), que se negaron a comparecer ante el juez alegando que gozaban de inmunidad procesal. Desde el 17 de diciembre, la investigación quedó suspendida hasta que Tareq Bitar fue nombrado nuevo juez.
Podría ser resultado del incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida
Pero el juez Bitar ya se ha topado con las mismas barreras que su predecesor. El Ministerio del Interior rechazó su solicitud de interrogar al general Abbas Ibrahim, el poderoso jefe de la Seguridad General.
Como recuerda Amnistía Internacional, garantizar la inmunidad procesal a altos cargos políticos es directamente contrario a las obligaciones contraídas por Líbano en virtud del Protocolo de Minnesota de la ONU de 2016, que tiene por objeto proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a un recurso. El Protocolo identifica como muerte potencialmente ilícita la que “podría ser resultado del incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida”.
Pero en un país donde sobrevive desde hace más de 40 años una élite gobernante, difícilmente haya voluntad de levantar la inmunidad a los políticos, porque si cae uno, podrían caer todos.
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