Johnson rompe promesa electoral y sube cotizaciones para financiar política de dependencia

Londres (AFP) –

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Rompiendo su promesa electoral, el primer ministro británico Boris Johnson anunció el martes un aumento de cotizaciones salariales para financiar políticas de dependencia y sanidad, ganándose la oposición de las regiones desfavorecidas del norte de Inglaterra que lo llevaron al poder.

A partir de abril, las cotizaciones a la seguridad social aumentarán un 1,25%, tanto para trabajadores como empleadores y autónomos, anunció, reconociendo que rompe así lo prometido antes de las legislativas de diciembre de 2019.

El líder conservador se hizo entonces con una aplastante mayoría absoluta arrebatando a los laboristas buena parte de sus históricos bastiones en el desindustrializado norte de Inglaterra, tradicionalmente conocido como el "muro rojo".

Prometiendo reducir disparidades entre el riquísimo Londres y el resto del país, el Partido Conservador se comprometió a no subir impuestos. Algo que ahora afirma deber incumplir debido al impacto del coronavirus en las exiguas arcas públicas.

"No es algo que haga a la ligera", aseguró Johnson, presentando una medida que disgustó a los diputados conservadores elegidos en circunscripciones del "muro rojo".

"Pero una pandemia global no estaba en ningún programa electoral", se defendió, asegurando que esta subida pone al Reino Unido en línea con países como Francia, Alemania y Japón, que aumentaron sus cotizaciones para ayudar a atender a unas poblaciones que envejecen rápidamente.

- Primeros tres años para el NHS -

En un aparente intento de vencer la resistencia pública, el gobierno vinculó la atención a las personas dependientes -en su mayoría ancianos- al sacrosanto servicio de salud pública NHS, especialmente venerado por los británicos tras el coronavirus.

Así, precisó que los 36.000 millones de libras (50.000 millones de dólares, 42.000 millones de euros) que la nueva tasa permitirá recaudar en los próximos tres años se dedicará a mitigar el impacto de la pandemia en la sanidad.

La gestión del covid-19 provocó una lista de espera récord de 5,5 millones para operaciones y tratamientos de otras enfermedades, que según el gobierno aumentará a 13 millones a finales de año si no se controla.

El ejecutivo ya anunció el lunes un paquete de 5.400 millones de libras (6.300 millones de euros, 7.500 millones de dólares) para recortar este retraso en los próximos seis meses. A estos se sumará el aumento de la cotización a la seguridad social de los próximos tres años.

Después el dinero así recaudado pasará a financiar la atención a los ancianos y otras personas dependientes, un reto político complicado que Johnson se había comprometido a solventar denunciando que había sido eludido durante demasiado tiempo por los anteriores gobiernos.

- Obligados a vender sus casas -

En la actualidad, cualquier británico con un patrimonio superior a 23.250 libras debe pagar en su totalidad los gastos de una residencia geriátrica o de otro tipo, lo que hace que muchos ancianos se vean obligados a vender sus casas.

Con el nuevo plan, a partir de octubre de 2023, cualquier persona con un patrimonio inferior a 100.000 libras obtendrá una ayuda en función de sus recursos y nadie tendrá que pagar más de 86.000 libras a lo largo de su vida.

Anunciando una posible rebelión cuando la medida llegue al Parlamento para su votación, algunos diputados conservadores se sumaron a la oposición laborista denunciando que se grava así a todos los trabajadores, incluidos jóvenes y precarios, para que "los hijos de los ricos puedan heredar sus casas".

En su lugar, el Partido Laborista llamó al ejecutivo a subir los impuestos solo a las rentas más altas.

También la gran patronal CBI se opuso a estas nuevas cotizaciones salariales, afirmando que "perjudicarán directamente la capacidad de las empresas para contratar" tras los 18 meses de restricciones por la pandemia y cuando "están luchando contra una agobiante escasez de mano de obra".

Rompiendo otra de sus promesas electorales, Johnson decidió también eliminar una garantía que habría permitido a los jubilados obtener un aumento de su pensión en torno al 8% el próximo año.