Economía

La pandemia y los altos impuestos impulsan a argentinos a migrar hacia Uruguay

La gente bebe mate en La Rambla, mientras continúa la propagación de la enfermedad por coronavirus (Covid-19), en Uruguay, el 18 de noviembre de 2020.
La gente bebe mate en La Rambla, mientras continúa la propagación de la enfermedad por coronavirus (Covid-19), en Uruguay, el 18 de noviembre de 2020. REUTERS - STRINGER

Desde su llegada al poder hace poco más de ocho meses, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou ha impulsado reformas para hacer más atractiva la inversión y la residencia fiscal, mientras que en Argentina la crisis económica empuja la salida de empresas y ciudadanos.

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Uruguay, que ha sido durante décadas un bastión de estabilidad, ha visto cómo en pandemia se ha vuelto todavía más atractivo para cientos de argentinos que emigran, cansados ​​de la agitación política y económica de su país.

Con controles de divisas cada vez más estrictos y un nuevo proyecto en marcha para introducir un aporte extraordinario de quienes ostenten mayores riquezas, Argentina busca cubrir un profundo déficit fiscal, agravado por la crisis sanitaria.

Las cifras detalladas de migración no están disponibles, pero al menos 2.000 argentinos, un nivel más alto de lo habitual, han solicitado la residencia fiscal en Uruguay en los últimos meses, dijo a la agencia Reuters el senador uruguayo Jorge Gandini, del gobernante Partido Nacional.

La tendencia representa un desafío para Argentina. Por un lado, necesita desesperadamente recaudar fondos, pero también quiere evitar una “fuga de cerebros” y emprendedores fuera del país, justo el tipo de personas que necesita para ayudar a impulsar un renacimiento económico.

Pero Uruguay, bajo el mandato del nuevo presidente Luis Lacalle Pou, ha buscado atraer a esas mismas personas. El vecino más pequeño de Argentina, con una población de apenas 3,5 millones, tiene uno de los niveles más altos de producto interno bruto per cápita de la región.

Una batalla de vecinos en bandos opuestos

Lo primero que hizo el dirigente uruguayo de centroderecha cuando llegó al poder fue prometer beneficios fiscales para atraer inversiones, una idea que apenas conoció su homólogo de izquierda, Alberto Fernández, sirvió para que este la cuestionara y reavivara el fantasma de Uruguay como paraíso fiscal.

La otrora "Suiza de América" dejó de figurar en marzo de 2019 en la lista "gris" de paraísos fiscales que la Unión Europea elabora y que incluye casos reversibles con la aplicación de cambios legislativos.

Con el paso de los meses, el nuevo Gobierno uruguayo relajó los requisitos de residencia, reduciendo la cantidad de inversión necesaria en bienes raíces de 1,6 millones de dólares a poco más de 328.000 dólares. Además, ofrece una "moratoria fiscal" de diez años para los extranjeros.

Del lado argentino, Martín Caranta, especialista en impuestos y socio de Lisicki Litvin en Buenos Aires, dijo a Reuters que las medidas para aumentar los impuestos en ese país habían creado una mayor presión sobre la clase media. "Mucha gente se cansó de esa presión y decidió irse a otra parte", dijo.

Impuesto a grandes fortunas: un proyecto que genera amores y odios

Una de esas medidas es el impuesto a la riqueza, que acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados y ahora espera turno en el Senado, para luego pasar a sanción presidencial, un trámite relativamente fácil, dado su origen oficialista.

El debate de más de 20 horas, que terminó en la mañana del miércoles, se dividió entre la posición oficial, que dice que se trata de un aporte por única vez sobre los mayores patrimonios para atender la pandemia, y la postura de la oposición.

“En realidad, es un impuesto confiscatorio que ya está regulado en otros impuestos. Es inconstitucional”, dijo a France 24 el diputado opositor Álvaro de Lamadrid, de Unión Cívica Radical, que hace parte de la coalición opositora Juntos por el Cambio.

Por su parte, Esteban Castro, líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, afirmó que “lo que pedimos es un aporte de unidad, como la unidad que han expresado los trabajadores y los pobres. No es más que eso y es solo una vez, y todos estamos haciendo un esfuerzo”.

El aporte extraordinario afectaría a personas y no empresas que posean una riqueza declarada superior a 200 millones de pesos (casi 2,5 millones de dólares), una medida que, se calcula, alcanzaría a unos 9.000 ciudadanos.

El Gobierno de Alberto Fernández estima recaudar aproximadamente 300.000 millones de pesos (unos 3.750 millones de dólares al cambio oficial), que serían destinados a "apoyar el camino de recuperación económica" del país, sumido en una profunda recesión desde 2018 y con el 40,9% de la población bajo la línea de pobreza.

Con Reuters y EFE

 

 

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