Gobierno de Perú devuelve ley que establece topes a las tasas de interés del sistema financiero

El Gobierno de Perú decidió no promulgar una ley aprobada en diciembre pasado por el Congreso que establece topes a las tasas de interés que cobran las entidades financieras, lo que también es conocido como “tasa de usura”.

La norma había recibido el aval legislativo con 87 votos a favor, 8 en contra y 17 abstenciones y fue exonerada de segunda votación tras recibir los 90 votos necesarios para esquivar este requisito.

La Ley establecía, entre otros puntos, que el Banco Central debía fijar límites semestrales a las tasas de interés que cobran las entidades financieras en el país. Si se sobrepasaba el tope máximo, la entidad incurriría en el delito de usura.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió rechazarla por considerar que "resulta perjudicial para la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro" y generaría "una severa afectación económica y exclusión financiera, principalmente al pequeño consumidor".

La propuesta generó desde su origen un amplio rechazo de economistas, representantes de entidades financieras y del Gobierno, y en su trámite legislativo no contó con concepto favorable de ninguna de las entidades económicas.

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Johan Flores, había dicho que beneficiaba a todos "los que pagan elevadas tasas de interés".

Pero el Gobierno argumentó que en América Latina y el Caribe el 79% de los países con topes de tasas "presenta un menor nivel de inclusión financiera" con respecto a los países que, como Perú, permiten la libre competencia en las tasas de interés.

Restricciones adicionales que endurecieron el debate

El descontento del Gobierno y las entidades financieras por la aprobación de la Ley no radicó solamente en el establecimiento de un tope a los intereses. La norma también tenía otras polémicas disposiciones.

Por ejemplo, prohibía la capitalización de intereses y el cobro de penalidades u otras comisiones diferentes a los intereses en caso de incumplimiento o atraso en el pago del crédito.

También establecía sanciones para aquellos que impusieran cláusulas "abusivas" en tasas de interés y eliminaba ciertos cobros como el de membresía o afiliación y la comisión por retiro en cajero automático, ventanillas u otros agentes en una localidad distinta a donde se abriera una cuenta.

El Ministerio de Economía y Finanzas sostuvo que "dicha propuesta contraviene el principio constitucional de la libre competencia, la libertad de empresa y la libertad de contratación" y lo ve como una forma extrema de intervención estatal.

Con EFE y AP