Argentina lanza estrategia de control de precios para hacerle frente a la creciente inflación

Mujeres cargan bolsas en el barrio de chabolas Villa 21-24 en Buenos Aires el 29 de septiembre de 2020.
Mujeres cargan bolsas en el barrio de chabolas Villa 21-24 en Buenos Aires el 29 de septiembre de 2020. AFP - RONALDO SCHEMIDT

El Gobierno de Alberto Fernández creó un sistema que obliga a cerca de mil grandes empresas de los sectores de construcción, comercio e industria a informar mensualmente los precios vigentes y cantidades vendidas de todos sus bienes.

Anuncios

El índice de precios al consumidor en Argentina fue del 36,1% en 2020, una cifra que, aunque más baja que el 53,8% de 2019, consolidan al país como el segundo en América Latina en el que más rápido crecen los precios de la canasta familiar, después de Venezuela.

Para luchar contra la inflación y evitar desabastecimientos, el Gobierno creó un sistema que establece que todas las grandes empresas de los sectores de comercio e industria deban informar cada mes qué venden, así como la cantidad y su valor.

Se trata del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), que los primeros días de cada recogerá los datos de los productos, el precio unitario, las cantidades producidas y vendidas, la denuncia en caso de escasez y el desabastecimiento o falta de entrega de insumos necesarios para su producción.

La norma aplica para aquellas empresas de construcción que facturen más de mil millones de pesos argentinos por año (1,1 millones de dólares al cambio de este jueves), 2.600 millones de pesos en el sector comercio (2,8 millones de dólares) y 2.500 millones de pesos (2,7 millones de dólares) a las que se dediquen a la actividad industrial.

El objetivo es, según el Ejecutivo, “prevenir el desabastecimiento y proteger los derechos de los consumidores”. Pero hay quienes consideran que no es la medida adecuada.

En diálogo con France 24, Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders, afirmó que “en Argentina ya lo intentaron en 2014 con las empresas de servicios públicos para ver cuánto ganaban y poder fijarles las tarifas. Y lo que hizo fue desincentivar la inversión”.

En las últimas semanas, el gobierno ha sancionado a varias de las empresas de consumo masivo por la retención de volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos para su comercialización.

Lo cierto es que, para el Gobierno argentino, la inflación -que en febrero fue del 40,7% interanual- es "un problema multicausal". Mientras que para este año busca bajarla al 29%, los analistas privados consultados por el Banco Central prevén un alza de precios del 48,1%.

Con EFE

 

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24