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El decreto sobre los transgénicos divide a empresarios e indígenas en Bolivia

Semillas de soya cultivadas en la población de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Semillas de soya cultivadas en la población de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. © France 24

Santa Cruz de la Sierra es el centro agropecuario de Bolivia. Este departamento produce el 72 % de los alimentos del país y muestra un crecimiento que se refleja en los datos. Hace 65 años, Santa Cruz contaba con una población de 250.000 personas y en la actualidad ronda los 3 millones. En el mismo periodo, su PIB pasó del 1% al 28%.

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En Bolivia está autorizado un único cultivo transgénico desde 2005: la soja resistente al glifosato. Con una producción media de 2.781.056 toneladas de soja transgénica en los últimos cinco años, Bolivia todavía no consigue competir con sus poderosos vecinos, como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Pero esta realidad podría cambiar con la aprobación de nuevas semillas.

De hecho, en mayo de 2020 el Gobierno interino de Jeanine Áñez aprobó un decreto que podría introducir más especies transgénicas. El lobby de los productores agrarios apoyó este decreto, que establece procedimientos abreviados para evaluar cinco nuevas semillas: el maíz, la caña de azúcar, el algodón, el trigo y la soja. El objetivo es duplicar la producción para 2050.

Sin embargo, las comunidades indígenas se oponen a este decreto por miedo a que los transgénicos contaminen el maíz nativo, que representa el 2% de los cultivos. “El restante 98% es maíz duro amarillo destinado al consumo animal. Y ese 98% se siembra en la región de Santa Cruz de la Sierra, donde no hay asentamientos indígenas. Entonces creemos que pueden convivir los dos sistemas”, explica Reinaldo Díaz, empresario y presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente.

“Si se le prohíbe a Bolivia contar con estas nuevas tecnologías, se está coartando el derecho a poder producir más y mejor, generar más fuentes de empleo, generar una balanza comercial más equilibrada”, agrega.

Activistas y productores indígenas se oponen al decreto

Tres meses después de la publicación del decreto, un grupo de activistas interpuso una acción popular contra las nuevas semillas transgénicas, que según ellos representa una amenaza directa al patrimonio genético, cultural y natural de Bolivia, además de poner en peligro “la Madre Tierra, la biodiversidad y la salud humana”. 

Por un lado, los grandes productores de soja transgénica aseguran que el glifosato impacta menos el medioambiente, porque permite evitar el uso 2.000 toneladas de insecticidas y herbicidas cada año. Pero en 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró el glifosato como “probablemente cancerígeno”

Por el otro, los productores indígenas rechazan tajantemente los transgénicos. A unos 250 kilómetros de Santa Cruz, en la aldea guaraní de Igmirí, el campesino Celso Herrera solo planta maíz nativo, que trata con un repelente natural a base de ají de fabricación casera. Gracias a la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, está creando un banco de semillas de maíz nativo, una iniciativa que la FAO impulsa en otras aldeas indígenas de la región. 

“El maíz procedente de las semillas transgénicas no aguanta nada. En cuanto lo cosechan, tienen que comercializarlo inmediatamente. En cambio, nuestra semilla se puede conservar hasta dos años”, afirma el Celso Herrera. En su visión, el crecimiento económico conlleva la destrucción del medio ambiente.

“Si usted me dice que tengo que producir más, vamos a tener que talar indiscriminadamente nuestras reservas, nuestras, tierras, nuestros árboles”, señala. En Bolivia, la tasa de deforestación es de 300.000 hectáreas anuales, según el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).

Las comunidades guaraníes defienden la producción nativa

La preocupación por el decreto de los transgénicos es palpable en esta comunidad guaraní. “La gente de aquí puede dejarse llevar por las semillas transgénicas y meter cada vez más químicos. Eso es un peligro para la tierra. Hay propietarios que pueden incentivar a que siembren más transgénicos”, reflexiona Ruth Delmi Gómez, líder ‘mburuvicha’ en Igmirí.

En septiembre de 2020, una caravana de productores agrarios se manifestó en Santa Cruz a favor de los transgénicos. Pocos días después, la justicia boliviana denegó la acción popular presentada por los ecologistas. Pero todavía hay margen para recurrir, ya que la Constitución boliviana protege explícitamente las especies nativas como el maíz.

“Nosotros tenemos un equilibrio entre Madre Tierra y seres humanos. Y en la Madre Tierra están los animales, la tierra y el agua propiamente. Más allá de un debate solamente científico, tiene que haber un debate sobre la cosmovisión de los pueblos, sobre la forma de vida que los pueblos estamos adoptando dentro de Bolivia. Si bien la modernidad nos está avasallando, en Bolivia todavía subsisten estos valores y este intento de tener un equilibrio”, explica Nadia Cruz, Defensora del Pueblo. 

La Defensoría del Pueblo pretende luchar contra el decreto de los transgénicos, que considera inconstitucional. Pero la presión de los empresarios puede acelerar una revolución tecnológica que parece inevitable. 

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