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Derechos de las mujeres en América Latina, entre dos pandemias

Manifestación del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en Bogotá, Colombia.
Manifestación del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en Bogotá, Colombia. © Marina Sardiña / France 24

El 2020, un año atípico debido a la pandemia del Covid-19, ha dejado como víctimas colaterales los derechos de las mujeres en América Latina. Durante el confinamiento y las medidas de restricción, muchas mujeres se vieron forzadas a aislarse con sus agresores, lo que provocó un aumento de las llamadas a las líneas de atención, pero también se vio un fuerte repunte en las tasas de violencia sexual y feminicidios, el máximo exponente de violencia contra las mujeres. Informe especial. 

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La pandemia del Covid-19 llegó a finales de febrero a América Latina y entre sus múltiples impactos en las sociedades latinoamericanas, se cebó especialmente con las mujeres y niñas de la región. Las medidas para contener y paliar la emergencia sanitaria agravaron las desigualdades a las que se enfrentan diariamente las latinoamericanas, dejando patente otra pandemia silenciosa y endémica: la violencia.

El coronavirus sirvió para poner de manifiesto una serie de problemáticas históricas que golpean a las mujeres y sus derechos. “La pandemia vino a poner el dedo sobre la llaga, a hacer mucho más visible las problemáticas que ya se encontraban enquistadas en las sociedades latinoamericanas”, anota Amaranta V. Valgañon, de la organización mexicana Equis Justicia para las mujeres.

Desde acentuar la brecha económica de género, la mayor exposición y riesgo al contagio -debido a que la primera línea de batalla y cuidado frente al virus fue femenina-, hasta incrementar las tasas de violencia contra las mujeres y niñas durante los meses de cuarentena. Todo ello en medio de una crisis sanitaria mundial que captó todos los esfuerzos de los Gobiernos y las instituciones para contener el brote, olvidando una vez más las dificultades que enfrentan las mujeres desde México hasta Argentina.

"Los Estados estaban diseñando medidas que no tenían en cuenta las particularidades de las mujeres"

Las cifras detrás del virus van más allá de contagios y decesos. Más de 1.400 mujeres han sido asesinadas durante los meses de aislamiento en lo que se conoce como feminicidios, unos datos que no revelan la realidad debido a las distintas tipificaciones que hacen las instituciones sobre el homicidio agravado por razón de género y a la falta de un organismo regional que registre estos asesinatos, pese al esfuerzo de las organizaciones feministas. En la región, más del 70% del personal de la salud son mujeres. Y más de 18 millones de mujeres se quedaron sin acceso a métodos anticonceptivos durante la cuarentena. Estos son tan solo algunos datos que refleja la pandemia silenciosa contra las mujeres.

Para Damaris Ruiz, excoordinadora de derechos de las mujeres de Oxfam en Latinoamérica y el Caribe y actual miembra de la organización We Effect, son muchas las razones por las cuales las mujeres se han visto desproporcionadamente afectadas por la pandemia, pero achaca la responsabilidad de las trágicas cifras a que no existe un compromiso político con la igualdad de género.

“Por tanto, cuando se analiza y se piensa en políticas o medidas para prevenir la propagación del virus, no se piensa en clave de género e interseccionalidad, con lo cual las medidas terminan profundizando la ya difícil situación que enfrentan las mujeres al exponerlas en mayores riesgos”, dice Ruiz a France 24, recordando que se trata de una suma de otras crisis preexistentes: “La crisis de la violencia machista, la crisis de los cuidados, la precariedad laboral, etc.”.

Son muchas las académicas, activistas feministas y mujeres que se dedican a la protección de los derechos de otras mujeres que se han quejado públicamente de cómo las políticas de los Gobiernos latinoamericanos para mitigar la propagación del virus, especialmente al inicio del brote, no estuvieron pensadas con enfoque de género. Medidas específicas como la restricción de las salidas dependiendo del género, el llamado “pico y género”, que impusieron las autoridades en Perú y Panamá (donde fracasó a los pocos días debido al llamado de las activistas). En Bogotá, la capital colombiana, esta medida estuvo vigente durante varias semanas y en ese tiempo aumentaron las tasas de violencia contra las mujeres trans en el espacio público e incrementó la sensación de inseguridad para las mujeres trabajadoras en los días donde solo podían salir los hombres a la calle.

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Este tipo de políticas de contingencia “indican que los Estados estaban diseñando medidas que no tenían en cuenta las particularidades de las mujeres, la carga mayor de cuidado, el riesgo de desempleo y el hecho de trabajar a un ambiente que por una medida del Estado se hizo mayormente masculina”, señala a France 24 Mariana Ardila, abogada de la dirección legal de la red Women´s Link.

Otra polémica medida, en este caso impuesta también por la Alcaldía bogotana, fue el condicionamiento de la entrega de ayuda monetaria a hogares de bajos recursos con el requisito de que no hubiese denuncias de violencia doméstica.

Según explica Ardila, las mujeres que han tenido una mayor carga laboral o han perdido sus empleos por la pandemia, “evitaban denunciar la violencia doméstica con el objetivo de no perder o poder acceder a estas ayudas monetarias. Todo está conectado; el tema de la violencia y la brecha en el trabajo de cuidados no remunerado”. Son solo algunos ejemplos que ilustran a una mayoría de Gobiernos de la región que no planearon una contingencia frente a la pandemia pensada en las necesidades de las mujeres, incentivando las desigualdades.

En aislamiento, la violencia machista aumenta a la par que la brecha económica de género

El coronavirus condujo al aislamiento social y al cierre de las escuelas y servicios, lo cual generó un mayor desempleo que a su vez llevó a un aumento en la brecha salarial de género y a una mayor pobreza para las mujeres, especialmente entre las mujeres que se dedican al trabajo informal como única forma de ingresos, el 59% de las mujeres en la región, según ONU Mujeres.

Las trabajadoras informales o las mujeres que se dedican al trabajo doméstico no remunerado tienen una menor capacidad para absorber choques económicos, explica Damaris Ruiz. “Las mujeres están trabajando hasta tres veces más durante la pandemia”, añade. 

En América Latina, el valor del trabajo no pago, como el doméstico, se calcula en 15,2 % del PIB regional, según Naciones Unidas. La economía del cuidado “invisible” ha aumentado su carga durante la pandemia del coronavirus y los Estados no han tenido en cuenta que este tipo de precariedad laboral no se eliminó por el Covid-19, sino que se acentuó, especialmente entre las mujeres de clases más bajas o empobrecidas.

“En la mayoría de los países en los que trabajamos en América Latina, hemos visto que se han aumentado las horas que se dedican al cuidado doméstico no remunerado. Por ejemplo, en Bogotá se dice que las mujeres dedican 31 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado y los hombres 14 horas”, insiste Ardila.

Esta mayor desigualdad laboral tendrá un impacto en los avances que durante años se habían hecho en materia de equidad laboral, haciéndolos retroceder.

Aumentan las violencias contra las mujeres en el ámbito doméstico 

El aislamiento, el distanciamiento social y las restricciones de movilidad exacerbaron las tasas de violencia contra las mujeres y niñas en la mayoría de países de la región, como demuestran los datos y el desproporcionado incremento de llamadas a las líneas de atención para denunciar violencia doméstica.

Muchas latinoamericanas enfrentaron la pandemia aisladas con sus agresores, que generalmente se hallan dentro del círculo familiar. Por ejemplo, en Ecuador el 80% de los agresores son familiares de las víctimas. “Un lugar de riesgo históricamente para las mujeres latinoamericanas es la casa. Entonces, el confinamiento nos pone en la casa con nuestros agresores y somos mucho más vulnerables a vivir violencia que en su expresión máxima termina en feminicidio”, analiza Isabel Erreguerena, coordinadora de políticas públicas de la organización mexicana Equis.

¿Cuáles son las consecuencias del aislamiento con el agresor? El hecho de que las mujeres estén encerradas en el hogar con sus maltratadores tuvo varias implicaciones: desde una mayor vulnerabilidad por pasar más tiempo en un mismo espacio con los agresores hasta no poder salir hacia los refugios donde pueden pedir ayuda. El incremento de llamadas a las líneas de atención para mujeres en toda la región resalta esta problemática, con más de 1,5 millones de llamadas durante la cuarentena para reportar algún tipo de abuso.  

“En México, hablando de focos rojos, hemos encontrado números bastante complicados en las llamadas al 911. Si comparamos las llamadas de este año, entre enero-junio del 2019, vemos un incremento del 46%. Así mismo vemos que los asesinatos continúan, han incrementado en la casa y no se establecen políticas de prevención”, dice Erreguerena, alertando que “no necesariamente las instituciones se están adaptando adecuadamente al contexto para dar respuesta a esa violencia”.

Para su compañera de organización, Valgañon, la pandemia agudizó un problema endémico: “Durante mucho tiempo se normalizó la violencia dentro de los hogares. En México es algo que está muy arraigado en las prácticas culturales, sociales, en la educación. Está relacionado con una serie de valores establecidos”.

Antes de la pandemia, las mujeres que recibían violencia la vivían en silencio –por estas prácticas sociales- pero encuentran “mecanismos de resistencia”, como salir del hogar para trabajar. Sin embargo, el encierro agotó estos espacios de libertad sin violencia y puso a las mujeres en la delicada situación del aislamiento con sus abusadores, ante una clara deficiencia institucional para paliar la problemática.

América Latina es la región más letal para las mujeres, según la Cepal

Las cifras –inconclusas- de feminicidios hacen de América Latina la región más letal para las mujeres: más de 7.300 fueron asesinadas por su pareja entre 2018-2019, según la Cepal. Estos números denotan la falta de protección que tienen las mujeres ante sus asesinos y la mayor exposición a sufrir violencias durante la emergencia sanitaria.

“Solo en Honduras, hasta el 31 de agosto de 2020, según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), se registraron 163 muertes violentas de mujeres, de las cuales 94 ocurrieron en el contexto de toque de queda nacional decretado por el Gobierno (el 15 de marzo 2020) para prevenir más contagios por el Covid-19, explica Ruiz.

El asesinato agravado por razones de género y otros tipos de violencias contra las mujeres transexuales latinoamericanas también se exacerbaron durante las restricciones. En Colombia, al menos 30 mujeres trans han sido asesinadas en lo que va de año, en lo que se conoce como transfeminicidios. 

“Solamente por el hecho de ser trabajadoras sexuales, por ser una mujer con pene, por ser mujer”, reclama Yoko Ruiz, de la Red Comunitaria Trans, que reivindica que las mujeres trans “no están solo en las urbes, no solo viven en las ciudades. Las trans también son rurales, también son campesinas” y exige protección para todas ellas.

Más de 18 millones de mujeres perdieron el acceso a métodos anticonceptivos por el coronavirus

La emergencia sanitaria también tuvo un impacto directo en la salud sexual y reproductiva de las mujeres latinoamericanas. Según las cifras de ONU Mujeres, se calcula que 18 millones de mujeres perdieron el acceso a métodos anticonceptivos modernos por el coronavirus. Esta dificultad llevó a un aumento de embarazos no deseados, que en muchos casos empujan a abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de las mujeres.

Solo tres países de América Latina permiten la interrupción voluntaria del embarazo, la imposibilidad de acceder a un aborto libre, seguro y gratuito que es, según las activistas, otra forma de violencia contra las mujeres. Organizaciones como Las Parceras, en Colombia, ayudan a las mujeres a acceder a abortos seguros en un país donde este derecho sigue penado en la mayoría de los casos.

Activistas pro-aborto se manifiestan a favor de la despenalización del aborto con esta pancarta, un día después de que el presidente Alberto Fernández enviara un proyecto de ley para legalizar el aborto, frente al Congreso en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 18 de noviembre de 2020.
Activistas pro-aborto se manifiestan a favor de la despenalización del aborto con esta pancarta, un día después de que el presidente Alberto Fernández enviara un proyecto de ley para legalizar el aborto, frente al Congreso en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 18 de noviembre de 2020. © Víctor R. Caivano / AP

“En Colombia el rostro de las mujeres judicializadas y criminalizadas por aborto es el rostro de mujeres jóvenes campesinas, indígenas, rurales, negras. Solamente el 1% de las mujeres que abortan en Colombia al año acceden a través de la sentencia de la Corte Constitucional. El 99% están en la clandestinidad. Y la clandestinidad también hay que hacerla segura y por eso para nosotras es importante que las mujeres accedan a esa información y no tomen riesgos innecesarios a la hora de acceder a un aborto”, explica Eliana Riaño, miembra de la red feminista de acompañamiento Las Parceras.

Si bien los Gobiernos latinoamericanos fortalecieron algunos mecanismos y políticas públicas para evitar estas violencias a las que se enfrentan las mujeres, como ampliar la red de casas refugio o la red de atención a las llamadas de emergencia, fue una respuesta insuficiente ante una emergencia que persiste en las sociedades de la región.

"No es lo mismo los obstáculos que vive una mujer en la ciudad que una mujer en lo rural"

“Las políticas públicas para reaccionar a esta violencia también tienen que adaptarse. Y aquí también ha habido un tema muy interesante que es sobre el uso de la tecnología. No es lo mismo los obstáculos que vive una mujer en la ciudad que una mujer en lo rural. Hay que tener cuidado de apostar únicamente a lo tecnológico para darnos cuenta también a quiénes estamos dejando fuera”, apela Erreguerena sobre algunas de las políticas implementadas en torno a las tecnologías.

Un reclamo que se extiende, según Damaris Ruiz, poniendo sobre la mesa el olvido institucional de las mujeres más vulnerables de la región, “de ahí que las mujeres rurales, campesinas, indígenas, de la diversidad sexual, las negras, estén entre las más afectadas. A todo esto, se le suma la ausencia de datos oficiales, de estadísticas que den cuenta del impacto de la pandemia en la vida de las mujeres, lo cual hace mucho más difícil la búsqueda de respuestas públicas adecuadas y la incidencia desde la sociedad civil, organizaciones feministas y de mujeres”, concluye.

Superar esta pandemia silenciosa en América Latina pasa por reconocer las violencias estructurales que diariamente enfrentan las mujeres en la región, empañadas y recrudecidas por la emergencia sanitaria del coronavirus.

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