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Los retos de Joe Biden: replantear la guerra contra las drogas (5/6)

Archivo: El bombero Jim Terrero, del Departamento de Bomberos de Manchester, conduce tras recibir una llamada por una posible sobredosis el 28 de marzo de 2018 en Manchester, New Hampshire. Safe Station transformó las 10 estaciones de bomberos de Manchester en centros de admisión donde las personas que luchan contra la adicción y desean ingresar al tratamiento y comenzar su camino hacia la recuperación, pueden obtener ayuda sin temor a ser arrestadas.
Archivo: El bombero Jim Terrero, del Departamento de Bomberos de Manchester, conduce tras recibir una llamada por una posible sobredosis el 28 de marzo de 2018 en Manchester, New Hampshire. Safe Station transformó las 10 estaciones de bomberos de Manchester en centros de admisión donde las personas que luchan contra la adicción y desean ingresar al tratamiento y comenzar su camino hacia la recuperación, pueden obtener ayuda sin temor a ser arrestadas. © AFP

La guerra contra las drogas cumple 50 años desde que el presidente Nixon la lanzó en 1971. Un billón de dólares se ha gastado Estados Unidos en campañas para limitar el consumo interno y frenar la producción fuera de sus fronteras. Sin embargo, el consumo y la demanda ha aumentado a niveles récord, tanto que Donald Trump declaró el problema de drogadicción como una emergencia de salud pública. Ahora la Administración de Joe Biden quiere replantear la guerra contra las drogas que muchos señalan, ha servido para encarcelar a minorías afroamericanas y latinas.

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Según el Departamento de Salud de Estados Unidos, 57,2 millones de personas usaron drogas ilícitas en el 2019. Un aumento de cerca de 10 millones en comparación con el 2015.

Además, según los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​), más de 184 personas mueren al día por sobredosis. Una emergencia de salud pública decretada por Donald Trump que gracias al Covid.19 ha perdido el foco de atención.

"No tenemos apoyo porque todo está cerrado y obvio uno sufriendo de ansiedad, depresión, bipolaridad y de tener adicciones a las drogas, obvio que uno va a usar más en este tiempo porque no sabemos cómo lidiar con eso y no tenemos el apoyo que necesitamos”, se queja José Ramírez, un latino adicto al cristal de metanfetamina.

La guerra contra las drogas que empezó en 1971, ha intentado resolver el problema de la drogadicción y la sobredosis en dos frentes: el interno se enfocaba en reducir la demanda de drogas y el consumo; y el frente internacional que tenía como propósito limitar al máximo la producción de drogas y evitar que llegaran a Estados Unidos. 

“Si esos fueron los objetivos, la guerra ha sido un fracaso espectacular. Las tasas de consumo de droga en EE. UU. han fluctuado en el tiempo pero se mantienen altas y la oferta constante. Mientras tanto, los costos de esta política son tremendos”, afirma María McFarland Sánchez-Moreno fue exdirectora de la Alianza para la Política de Droga en Estados Unidos. 

Miles de millones de inversión que no logran sofocar el negocio  

En 2015, el Gobierno federal gastó un estimado de 9,2 millones de dólares cada año para encarcelar a personas acusadas de delitos relacionados con drogas. Eso es más de 3.300 millones de dólares al año, resalta el Center for American Progress. Dinero que a cifras de hoy no ha ayudado a reducir la cantidad de cocaína que se produce y se trafica desde Colombia, México, Perú o Venezuela. 

“La guerra contra las drogas ha afectado desproporcionadamente a la gente negra y morena en Estados Unidos. Los que son arrestados y encarcelados por abuso de drogas son desproporcionalmente negros y morenos”, dice María McFarland Sánchez-Moreno. La experta agrega que la guerra ha servido como excusa para incrementar la fuerza policial en comunidades negras, algo que puede generar más interacciones negativas entre la policía.

Cada 25 segundos una persona es arrestada por posesión de drogas. 1/5 de la población encarcelada en Estados Unidos está en prisión por un crimen relacionado con drogas y casi el 80 % de los encarcelados por estos crímenes son afroamericanos o latinos. De hecho, los afroamericanos son casi seis veces más propensos a ser requeridos o encarcelados por ofensas de drogas.

El sistema “está destinado para hacer ganancias porque la mayoría de las cárceles donde la gente está cumpliendo sus penas por crímenes relacionados con la droga son cárceles privadas. En realidad, esto no es un movimiento para terminar con las drogas sino para enriquecer a muchas personas”, dijo a France 24 Ruby Corado, directora de Casa Ruby, organización sin ánimo de lucro que brinda servicios de salud, refugio y alimentación a drogadictos y a la comunidad LGTBI.  

Por su parte, María McFarland sostiene que hay que “alejarse de la guerra contra las drogas y acercarse más a un enfoque de apoyo que invierta en la salud de estas personas y en sus comunidades".

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