Así fue el camino para que el Acuerdo de Escazú entrara en vigor en América Latina

En la fotografía se ve un homenaje que le hicieron a Berta Cáceres, la líder ambiental que fue asesinada en Honduras en 2016, tras oponerse a la construcción de una hidroeléctrica que afectaba a la comunidad indígena lenca.
En la fotografía se ve un homenaje que le hicieron a Berta Cáceres, la líder ambiental que fue asesinada en Honduras en 2016, tras oponerse a la construcción de una hidroeléctrica que afectaba a la comunidad indígena lenca. © France 24

Este es el primer tratado regional sobre medio ambiente y el primero del mundo que habla de protecciones específicas para los defensores ambientales. Aunque la tarea para crearlo comenzó desde 2012, solo hasta el 22 de abril de 2021 comenzó oficialmente su implementación y únicamente se aplicará en los 12 países de América Latina y el Caribe que lo han ratificado. 

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El pacto latinoamericano más importante sobre medio ambiente comenzó a regir el Día de la Tierra, el pasado 22 de abril. Su nombre oficial es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe; aunque es conocido como Acuerdo de Escazú pues fue en esta ciudad costarricense donde se adoptó por primera vez.

Tal como su nombre lo indica, este tratado internacional tiene tres pilares:los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales. Además, es el único acuerdo del mundo que aspira a conceder protecciones especiales a los defensores de derechos humanos que se dedican a asuntos ambientales.

Por este último punto es que organizaciones como la ONU, especialmente a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han apoyado este pacto.

“Este es un logro histórico para la región y para el mundo (...) A medida que continuamos abordando los devastadores impactos del Covid-19 e intensificamos los esfuerzos para frenar la triple crisis del cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la contaminación del medio ambiente natural, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú brinda esperanza e inspiración y prepara el escenario para la recuperación sostenible y resiliente”, aseguró António Guterres, secretario general de Naciones Unidas.

Pero lejos de tener un respaldo unificado, el camino para que el Acuerdo de Escazú entrara en vigor ha estado lleno de oposiciones políticas y económicas. Un panorama rápido de esta situación se ve en las cifras: de 33 países de América Latina y el Caribe, 24 firmaron el acuerdo y únicamente 12 lo ratificaron. Como ocurre con todos los tratados internacionales, los países deben ratificarlo para que dicho texto se convierta en ley en sus propios territorios.

Estos son los 12 países de América Latina y el Caribe que han ratificado el Acuerdo de Escazú, el primer pacto regional sobre medio ambiente y el primero en el mundo que incluye protecciones a los defensores ambientales.
Estos son los 12 países de América Latina y el Caribe que han ratificado el Acuerdo de Escazú, el primer pacto regional sobre medio ambiente y el primero en el mundo que incluye protecciones a los defensores ambientales. © France 24

Y si no hay un mínimo de ratificaciones, el acuerdo no puede implementarse, ni siquiera en los países que lo respaldan. Esa fue la realidad que enfrentó el pacto de Escazú durante más de dos años. El tratado se adoptó el 4 de marzo de 2018 y el 27 de septiembre del mismo año las naciones que quisieron comenzaron a firmarlo. Pero no fue sino hasta el 22 de enero de 2021 que se completaron los 11 países ratificantes que se necesitaban como mínimo para que el pacto entrara en vigor.

Todos estos tiempos no incluyen la precuela de las negociaciones. La primera declaración de la que surgieron las bases del Acuerdo de Escazú se dio en 2012, durante la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro. El evento, que se llamó Río+20, fue el punto de partida para la creación de los objetivos de desarrollo sostenible y además le dio fuerza a un concepto que se había planteado veinte años atrás: el Principio 10.

Este principio busca asegurar que todas las personas tengan acceso a la información, participen en la toma de decisiones y accedan a la Justicia en asuntos ambientales. Todo con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.

Lo novedoso en Río+20 fue que los gobiernos de Chile, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay le dieron un impulso al Principio 10 al exigir un nuevo mecanismo para proteger ese derecho. Y fue de allí que surgió el Acuerdo de Escazú.

Políticos y empresarios que se oponen al Acuerdo de Escazú alegan violaciones a la soberanía

El problema es que muchos políticos y empresarios vieron con recelo las garantías de acceso a la información que otorgaba este pacto. Uno de los argumentos más escuchados a lo largo del continente fue que violentaba la soberanía de cada nación al otorgar nuevas normas, que son más garantistas para los defensores ambientales. Sin embargo, del otro lado replicaron que el Acuerdo de Escazú reconoce como una precondición la legislación interna para poder operar.

De los sectores que más se opusieron fueron varios gremios de distintos países. En palabras de Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, existe “un lobby empresarial” por parte de quienes creen que el pacto les impedirá seguir adelante con sus negocios.

“Yo les diría que no deberían verlos así porque, en el fondo, cuando las comunidades están en contra de un proyecto, con Acuerdo de Escazú o sin él, no lo dejarán pasar y la inversión se perderá. Este acuerdo lo que dice es que debe haber una consulta previa en las comunidades y que se les debe dar participación y acceso a la información para que las cosas se hagan de la mejor manera posible. No que no se hagan, sino que se hagan mejor”, precisó Bárcenas.

A pesar de la férrea defensa, la mayoría de los gobiernos y congresos de la región decidieron no ratificar el tratado. Paradójicamente, Chile y Costa Rica están dentro de la lista de los gobiernos que le dieron la espalda al acuerdo, a pesar de que ambos países fueron los que lideraron en un principio su aprobación.

Según el reporte de Global Witness, Colombia es el país donde más defensores ambientales asesinan.
Según el reporte de Global Witness, Colombia es el país donde más defensores ambientales asesinan. © France 24

Lo más preocupante de esto es que los países con el mayor número de defensores ambientales asesinados siguen por fuera del Acuerdo de Escazú. Según el más reciente reporte de la organización Global Witness, en América Latina se perpetraron dos tercios de los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente que hubo en todo el mundo en 2019. Colombia es el país más peligroso para estos líderes, pues allí mataron a 64 defensores ambientales de los 212 homicidios confirmados globalmente.

El funesto listado lo engrosan Brasil, México, Honduras, Guatemala y Venezuela. Ninguno de ellos ha ratificado el Acuerdo de Escazú, a excepción del territorio azteca. Ante esta situación, tanto Guterres como Bárcenas insisten en que es necesario que todos los países latinos ratifiquen el tratado internacional para dar mayores garantías a los defensores ambientales.

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